Privatización educativa: COVID-19 y financiamiento multilateral.

Es imposible entender la política educativa a nivel nacional, regional o global, hablar de neoliberalismo o grandes movimientos de privatización y apertura hacia la participación privada en la educación, sin considerar el papel de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero, ¿Qué están financiando estos Bancos? ¿Cuáles son sus agendas y directrices en América Latina y Caribe?

Hay varios – y necesarios – estudios respecto a la actuación de estas organizaciones en la educación. De hecho, el mapeo, la sistematización y el análisis del desempeño de estos actores deben ser revisados y actualizados periódicamente, debido a su capacidad de impacto en las políticas.

Con la pandemia y las medidas de aislamiento social, las dinámicas  cambiaron, impactando a la sociedad como un todo y a la educación en particular. Uno de los impactos que se observan en el campo educativo fue la intensificación de los procesos de reducción presupuestaria e intentos de elitización del acceso.

BID, BANCO MUNDIAL Y LA AGENDA NEOLIBERAL

El mayor poder de decisión dentro del BID y el Banco Mundial proviene de los Estados Unidos, que impone una agenda de reformas neoliberales para la región de América Latina y el Caribe. El compromiso del BID con la ideología neoliberal aparece en los principios de gerencialismo, meritocracia, competencia, incentivos de mercado y privatización que permean todos sus proyectos financiados y son asumidos por los países beneficiarios a través de las condiciones impuestas.

Los préstamos activos para la educación en los países latinoamericanos y caribeños suman más de US$ 4.700 mil millones, impulsando al BID como actor clave en el establecimiento de prioridades y reformas educativas en los países prestatarios. Con estos montos el BID puede imponer las ya conocidas formas de alianzas público-privadas, pero también surge en el enfrentamiento a la pandemia con el estímulo al aumento de la producción y uso de las TIC, o, aun, haciéndose más compleja, al desplazar la formación de las y los jóvenes de la escuela hacia las plataformas de certificación en línea.

La pandemia COVID-19 evidenció la presencia de proveedores comerciales de tecnologías de la educación, quienes han formado poderosas redes para promocionar sus productos a través de cooperaciones público privadas delineadas por el BID. Una visita a las páginas web de 23 Ministerios de Educación de América Latina y el Caribe muestra que el 21% desarrollaron plataformas en línea que proveen información, herramientas, recursos y un espacio virtual para impartir clases. Todos los demás generaron espacios con recursos digitales, como juegos y libros.

Cuando observamos el contenido de los proyectos financiados para la región latinoamericana, tenemos un conjunto de propuestas que, por un lado, dan continuidad al apoyo tradicional de los bancos (como proyectos para reformas gerenciales o el incentivo a las asociaciones público-privadas), y, por otro lado, traen respuestas ‘novedosas’ para la crisis educativa.  Los proyectos que financian los nuevos modelos educativos, por ejemplo, toman como base modelos que son de fuera de la región, como es el caso del surcoreano.

Otros proyectos han incentivado el desplazamiento de la escuela como locus privilegiado de la formación. Al mismo tiempo, el BID ha financiado la promoción de modelos pedagógicos basados en las TIC y en la educación en línea como respuesta a los retos del COVID-19.

El Banco Mundial insiste en la idea de que la educación es uno de los principales instrumentos para incrementar la productividad laboral, contribuir al crecimiento económico y al desarrollo de la sociedad reduciendo la pobreza.

Se entiende que la imposición de la pobreza como unidad de análisis y enfoque obligatorio para todas las iniciativas del BM en el ámbito de la asistencia al desarrollo, se ha convertido en un imperativo político. En sus lineamientos actuales, el BM continúa midiendo a los pobres y la pobreza por medio del desarrollo de las herramientas para las reformas que propone. Después de 2001, el BM se hizo cargo de la agenda de seguridad y humanitarismo, vinculando la “pobreza” con la “inestabilidad global”.

Muchos proyectos se dedican al fomento de la ’empleabilidad’ mediante el desarrollo de competencias transversales en los jóvenes. Y también vemos el financiamiento de varios proyectos de investigación en los cuales se destaca el uso de la evidencia para hacer avanzar determinadas políticas educativas y justificar los lineamientos de los bancos.

Para concluir, sostengo que la educación de un país debe seguir los preceptos democráticos y estar vinculada a los ideales de emancipación humana y transformación social. Esta iniciativa de develar el rol de los organismos multilaterales en educación en América Latina y el Caribe a través de los proyectos financiados representa un avance en la lucha por el derecho a una educación democrática y socialmente referenciada.

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